La nueva tasa fue impulsada por legisladores republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, con el argumento de promover el cumplimiento de las condiciones legales por parte de los visitantes. El texto legal establece que todos los extranjeros que obtengan una visa de no inmigrante deberán abonar esta tarifa, sin excepción.

A diferencia de otras tasas consulares, la “tasa de integridad” se actualizará anualmente según la inflación. El cálculo se hará sumando el valor vigente y el porcentaje de aumento del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) registrado en julio del año anterior, redondeado hacia abajo al dólar más cercano. No podrá ser reducida ni eximida, aunque se prevé la posibilidad de reembolso en ciertos casos.

La ley faculta a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a reintegrar este importe si el solicitante demuestra que respetó todas las condiciones de su visa. Entre los requisitos figura no haber trabajado durante la estadía, no haberse quedado más tiempo del permitido y, en caso de extensión, haberla tramitado correctamente. Sin embargo, la norma no detalla cómo se gestionará la devolución, lo que genera dudas sobre su implementación efectiva.

Actualmente, la visa B1/B2 cuesta 185 dólares. Con la entrada en vigor del nuevo cargo, el costo se elevará a 435 dólares, sin contar eventuales gastos de tramitación. Aún no hay una fecha exacta para su aplicación, pero la norma fue aprobada dentro del presupuesto migratorio 2025, lo que implica que entrará en vigencia en el corto plazo.

Sectores del turismo manifestaron preocupación por el impacto negativo de esta medida. Consideran que el aumento del costo puede disuadir a potenciales visitantes, en especial aquellos provenientes de países con alta demanda de visados como México, Brasil o Argentina. Además, señalaron que la falta de claridad sobre el reembolso puede generar incertidumbre y desaliento.

La administración Trump sostiene que esta política busca reforzar los controles migratorios y evitar que los visitantes temporales incumplan las condiciones de su permiso. Según el gobierno, los fondos recaudados serán utilizados para mejorar la tecnología de control de fronteras y financiar programas de cumplimiento migratorio.

Con esta decisión, Estados Unidos se suma a la tendencia global de encarecer los permisos de viaje mediante tasas adicionales, tal como ocurre con el Etias europeo o la ETA británica. El desafío será equilibrar la seguridad migratoria con la competitividad turística, en un contexto donde los flujos de viajeros aún se recuperan tras la pandemia. 

El endurecimiento de las políticas migratorias y la revocación de visados a estudiantes extranjeros generaron temor e incertidumbre entre los turistas, impactando la percepción global sobre la facilidad para ingresar a suelo norteamericano. Episodios muy difundidos de inspecciones rigurosas en las fronteras, que incluyen la revisión de redes sociales, han alimentado este clima de inseguridad para potenciales visitantes.

El propio presidente estadounidense Donald Trump reconoció que un "poco de nacionalismo" podría estar detrás del descenso de visitantes extranjeros aunque minimizó el impacto al afirmar que su país “trata genial a los turistas” y que sigue siendo un referente global en turismo.